La Ley Moyano

Moyano nació en la provincia de Zamora en 1809. Estudió Derecho, Latín y Filosofía entre las Universidades de Salamanca y Valladolid. Con 23 años ya era doctor, y comenzó a ejercer como abogado, aunque lo dejó pronto para dedicarse a la docencia como catedrático de Economía Política. En 1841 fue nombrado para ser rector en la Universidad de Valladolid, y dos años después fue elegido diputado. Moyano comenzó más afín al progresismo en la familia liberal pero terminaría más cercano a los moderados.

En 1853 fue nombrado ministro de Fomento. Cuando se dio el Bienio Progresista se destacó por su oposición a la Desamortización de Madoz de 1855, que afectó principalmente a los bienes municipales. Pero su gran aportación sería la primera Ley general educativa en España y que creó un sistema educativo nacional, objetivo del liberalismo español desde 1812. Hasta 1970 no hubo una nueva Ley General, a pesar de los profundos cambios educativos que se plantearon en la Segunda República.

Moyano se retiró de la política en el Sexenio Democrático, pero regresó con la Restauración canovista. Fue diputado por Toro, y luego senador vitalicio desde 1886. Madrid le recuerda con la famosa Cuesta Moyano, y por una estatua que allí fue trasladada por orden del alcalde Tierno Galván.

Para entender la importancia histórica de esta disposición legislativa tenemos que hacer un poco de historia previa.

La Constitución de 1812 reconoció el derecho a la educación y estableció que el Estado debía garantizarlo. Fue la primera vez que se hizo y no se repetiría hasta la Constitución de 1931.

En las Cortes de Cádiz se elaboró un exhaustivo informe sobre la educación en España por una comisión que presidió Manuel José Quintana. La vuelta al absolutismo paralizó la creación de un sistema educativo nacional, pero el informe de Quintana se retomó en el Trienio Liberal, elevándolo a rango legal con algunas modificaciones. De nuevo, el renovado absolutismo, ahora en la denominada “Década Ominosa”, paralizó el proceso para esta implantación.

En la época de las Regencias por la minoría de edad de Isabel II se retomó el proceso para implantar el primer sistema educativo español. En 1838 se aprobó un Reglamento de Escuelas Primarias. Entre mediados de dicha década y la siguiente comenzaron a abrirse los primeros Institutos de segunda enseñanza. En 1845 se aprobó el Plan Pidal, ya en la Década Moderada. El sistema terminó de perfilarse con la primera ley general educativa, conocida como la Ley Moyano, aprobada en 1857.

El sistema educativo liberal era dual: una parte era estatal y otra privada, con fuerte presencia de la Iglesia que, por otra parte, recuperó el control ideológico y moral sobre la escuela española gracias al Concordato de 1851. Uno de los problemas más graves de la educación decimonónica española fueron las limitaciones presupuestarias. Las escuelas no estaban dotadas adecuadamente, con unos maestros mal pagados, dando como resultado una pésima calidad de la enseñanza. Aunque la enseñanza primaria era obligatoria, muchos niños y niñas, por otro lado, segregados, no podían acudir a las escuelas porque tenían que contribuir al sustento familiar, por lo que la escuela nunca fue un factor de cohesión social. Se calcula que en 1900 el número de personas escolarizadas en este nivel era del 50%. El analfabetismo siguió siendo muy alto en todo el siglo XIX. En 1800 la mitad de la población era analfabeta, pero el porcentaje solamente disminuyó al 36% en 1900. En todo caso, el porcentaje de analfabetos dependió de las zonas geográficas y por sexos, siendo más alto en el medio rural y entre las mujeres. El número de estudiantes de secundaria se mantuvo estable a lo largo del período. Al terminar el siglo, había un Instituto en cada capital de provincia, con la excepción de Madrid y Barcelona, que contaban con más, dada su población. A los Institutos sólo acudía una minoría de estudiantes, el 1’6% de los que habían ido a las escuelas primarias y, en su gran mayoría, varones. Los Institutos dependían de las diputaciones provinciales aunque en 1887 pasaron a depender del Estado.

A los estudios superiores o universitarios accedía exclusivamente una minoría, y solamente varones. El sistema estaba muy centralizado y era uniforme, sin autonomía universitaria. La principal universidad era la Central de Madrid, única que impartía todas las carreras.