Formado el nuevo gobierno, se comenzó a actuar. En este trabajo nos referiremos a la amnistía aprobada a los pocos días.
La Diputación Permanente de las Cortes aprobaba el 21 de febrero de 1936 la amnistía de todos los condenados por los sucesos de la Revolución de Octubre de 1934, por propuesta de Azaña, y que constituía uno de los puntos más destacados del programa político del Frente Popular para las elecciones:
“A conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones políticas. “
Debe tenerse en cuenta que esta amnistía fue demandada desde la calle desde el primer momento en el que se produjo la victoria electoral de la izquierda, como hemos señalado. Era evidente que el encarcelamiento de miles de personas a raíz de aquellos hechos había generado un intenso malestar social, muy agudizado en Cataluña con el encarcelamiento de sus principales autoridades.
El Decreto-ley fue aprobado por la Diputación Permanente, presidida por Santiago Alba. Se produjo por unanimidad. Constaba de un solo artículo, y se tuvo que debatir de forma muy rápida, con una convocatoria del día anterior hecha por telegrama, provocando que no pudieran acudir todos los diputados, aunque los no asistentes mandaron votos favorables. Al final, se reunieron dieciocho diputados, cumpliendo lo exigido por la ley, ya que se necesitaba un mínimo de catorce. Los propios diputados de la CEDA votaron favorablemente, animados por la necesidad de mantener el orden público, y porque era evidente que había sido una demanda que había ganado en las elecciones. La disposición fue la siguiente:
“DECRETO-LEY
Siendo inequívoca la significación del resultado de las elecciones a Diputados a Cortes en cuanto a la concesión de una amnistía por delitos políticos y sociales, en favor de la cual se ha pronunciado la mayoría del Cuerpo electoral, y tratándose de una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, en qué están interesados por igual todos los sectores políticos; de acuerdo con el Consejo de Ministros, a propuesta de su Presidente y previa la aprobación de la Diputación permanente de las Cortes, Vengo en disponer lo siguiente: Artículo único. Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales. Se incluye en esta amnistía a los Concejales de los Ayuntamientos del País vasco condenados por sentencia firme. El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso de la presente autorización.
Dado en Madrid a veintiuno de Febrero de mil novecientos treinta y seis.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña Díaz”
Por su parte, también tuvo que actuar el Tribunal de Garantías para aplicar el Decreto, habida cuenta de que esta alta institución había condenado a los consejeros de la Generalitat y a otras personalidades políticas.
Se calcula que la amnistía afectó a unas treinta mil personas, una cifra muy importante.
Pero, además, en el programa del Frente Popular se planteaba en un segundo punto:
“Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordada sin garantía de expediente o por medio de persecución política, serán repuestos en sus destinos.
El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas en todas las corporaciones públicas, en las empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en que el Estado tenga vínculo directo.
Por lo que se refiere a las empresas de carácter privado, el Ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un momento político social y que serán sometidos a los Jurados Mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933 a quienes hubieren sido indebidamente eliminados.”
Así pues, los alcaldes y concejales fueron repuestos en sus cargos en los consistorios. Muchos Ayuntamientos habían sido gestionados desde finales de 1934 por gestoras administradas por ediles de la derecha. Otro tanto se hizo con los Ayuntamientos vascos.
A finales del mes de febrero el gobierno decretó la readmisión de los trabajadores despedidos por los motivos señalados, y se ordenaba a las empresas que indemnizasen a los trabajadores por los salarios no recibidos. Esta medida generó el rechazo y la preocupación de la derecha y los empresarios.
Pues bien, la última de las medidas tomadas para terminar con los efectos de la represión ejercida hacia los protagonistas de los hechos de Octubre de 1934, tenía que ver con Cataluña. Después de que salieran de la cárcel los miembros del gobierno de la Generalitat, en aplicación de la amnistía aprobada, el 1 de marzo un Decreto reponía las funciones del Parlament y a Companys en su puesto de presidente, así como a sus consejeros. Debemos recordar que había sido una de las principales reivindicaciones del programa político del Front d’Esquerres, que había triunfado en las circunscripciones electorales catalanas.
Si (
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