En septiembre de 1935 se formaba un nuevo gobierno presidido por el independiente Joaquín Chapaprieta Torregrosa. Alcalá-Zamora destituía a Alejandro Lerroux, que había llegado a presidir seis gobiernos, aprovechando una crisis. Ante el temor de una disolución de las Cortes, el que hasta entonces había sido ministro de Hacienda aceptó el complicado encargo. Chapaprieta era consciente de la necesidad de contar con un respaldo claro en el parlamento de las fuerzas del centro y de la derecha, algo harto complicado dadas las distintas posturas de las dos fuerzas fundamentales, el Partido Radical y la CEDA. Recordemos que, según la Constitución de 1931, el presidente del Consejo de Ministros necesitaba la doble confianza, la del presidente de la República, y la de las Cortes. Por eso, continuó la línea de los gobiernos radical-cedistas anteriores. Designó a Lerroux para Estado (Asuntos Exteriores), y nombró tres ministros de la CEDA. Gil Robles era encargado de la cartera de la Guerra, Luis Lucía fue nombrado ministro de Obras Públicas, y Federico Salmón pasaría a Trabajo, Sanidad y Justicia. Por su parte, Chapaprieta mantuvo la cartera de Hacienda.
El primer gobierno de Chapaprieta duró hasta finales de octubre. El escándalo del Estraperlo provocó que Lerroux saliera del gobierno. El posterior caso de corrupción, el denominado Asunto Nombela, hundió para siempre al radicalismo español. Alcalá-Zamora volvió a encargar a Chapaprieta formar un nuevo ejecutivo. Pero su segundo gobierno cayó el 14 de diciembre. Gil Robles estaba presionando dentro de su estrategia para hacerse con el poder. Sin el apoyo de la CEDA, y con un radicalismo desprestigiado, el ejecutivo no podía continuar. La excusa presentada por la derecha para retirar el apoyo a Chapaprieta fue el asunto de la reforma fiscal. Gil Robles quería la presidencia del gobierno, pero Alcalá-Zamora, a pesar de su evidente conservadurismo, recelaba intensamente de la CEDA porque consideraba que no era una formación política completamente leal a la República, que sólo había aceptado el juego político desde un calculado accidentalismo. Pero el presidente de la República tampoco quería ir a elecciones, y decidió encargar la responsabilidad de formar gobierno a Manuel Portela Valladares, otro político independiente y que gozaba de la confianza y aprecio de Alcalá-Zamora. Esto ocurría el 15 diciembre. Pero era una solución muerta de antemano porque la CEDA no iba apoyar al nuevo ejecutivo, por lo que faltaba la confianza parlamentaria imprescindible. Alcalá-Zamora se vio obligado a disolver las Cortes. La Constitución permitía hacerlo al jefe del Estado, aunque solamente dos veces en su mandato. En el segundo caso, las nuevas Cortes debían examinar si la segunda disolución había sido adecuada. Esta obligación fue aprovechada por la izquierda para destituir en la primavera de 1936 a Alcalá-Zamora gracias a su mayoría parlamentaria. Recordemos que, efectivamente, esta era la segunda disolución, ya que hubo una anterior que permitió la celebración de las elecciones de noviembre de 1933.
Mientras se desarrollaba esta crisis política en el seno del centro y la derecha españolas en el ejecutivo y las Cortes, la izquierda comprendió, aunque desde distintas interpretaciones, que debía tender a la unión si quería volver al poder, en un clima nacional e internacional cada día más radicalizado. En ese tiempo se fue gestando, no sin grandes dificultades, el Frente Popular.
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