La conversación trató la situación de su búsqueda. Y el balance de la cuestión no resultó positivo: “Quien nos encargó el trabajo fue Luis Naranjo, Director General de Memoria Democrática del gobierno andaluz precedente al que actualmente está en el poder, hace tres años”, explica Navarro. Un gobierno que estaba formado por la coalición PSOE- IU, aunque la Memoria Histórica era una competencia de la que se ocupaban los segundos de este binomio.
En Alfacar hay más de 300 cuerpos desaparecidos “que se sepa, con nombres y apellidos. Y nadie hace nada Javier Navarro Arqueólogo El propósito de Naranjo era encontrar a Lorca. Eso sí, sin presupuesto. “No había dinero específicamente destinado a la Memoria Histórica ni firmamos un contrato, acordamos chocándonos las manos que trabajaríamos con lo que a la Junta le sobrara de otras partidas”, asegura el arqueólogo, por lo que “siempre teníamos que trabajar en navidades y con frío”, remata Caballero.
Rosa Aguilar, la mano negra
Pero cuando estaban elaborando las conclusiones de la segunda campaña, en marzo de 2015, subió al poder Susana Díaz con el apoyo de Ciudadanos. Un Gobierno que durante la campaña electoral hizo de la Memoria Histórica una de sus promesas más repetidas, pero que rompió el acuerdo que existía con Navarro y Caballero. “Los nuevos responsables nos dijeron que, por su protocolo de exhumaciones, ya no serían promotores, sino que tendrían que mediar entre ellos y nosotros asociaciones de Memoria Histórica. La familia Lorca nunca estuvo de acuerdo con la investigación, así que nos planteamos si debíamos seguir. Y nos respondimos que sí, porque había más personas que el poeta en la fosa de Alfacar (Granada)”, aclara Navarro. En Alfacar hay más de 300 cuerpos desaparecidos “que se sepa, con nombres y apellidos. Y nadie hace nada”, lamenta.
Para Caballero, la actitud del nuevo gobierno no era sino parte de sus luchas con el PP. “En las primeras entrevistas, se llenaron la boca diciéndonos que estábamos en el mismo barco”, relata. Pero nombraron a Rosa Aguilar Consejera de Cultura, e integraron la Dirección General de Memoria Democrática en esa consejería. Y ahí está la madre del cordero: “Aguilar está negociando con la sobrina de Lorca el traslado del legado del poeta a Granada, para apuntarse un tanto frente al PP. Y la premisa de ella para consentirlo es que se deje de investigar dónde está Lorca”, asegura Caballero, que añade que otras condiciones serían “que la sobrina presidiese la institución del legado, después de haber dejado la Fundación Lorca con una deuda y préstamos sin devolver por decenas de miles de euros”.
Silencio administrativoCon todo, la Junta no les dice directamente que no, pero sí ralentiza el proceso. “Hicimos un crowdfunding privado”, cuenta Caballero, del que han obtenido unos 20.000 euros, “que posiblemente no sean suficientes, pero si los técnicos no pueden cobrar, no cobran”, proclama Navarro. La Junta lleva desde junio de 2015 valorando si puede permitir este proceso con dinero privado. “En Aragón tardan una semana en darte un permiso de este tipo, y en Castilla y León no tienes ni que tramitarlo. Esto huele mal”, se queja Navarro.
Pero no van a cesar en su empeño, “tenemos a un equipo de abogados asesorándonos de manera altruista para presentar los papeles y la documentación pertinente, y tenemos la petición de exhumación de la nieta de Galindo y la de la CNT, que se ha personado como familia política de los banderilleros. Y si tenemos que ir por la vía civil, iremos si la familia quiere”, asegura Caballero.
Hoy, Lorca es lo de menos. “Se hizo una gran investigación de Ian Gibson, que era errónea porque se basaba en fuentes orales manifiestamente equívocas. Mi fuente es científica, tal como muestro en el libro Las Trece últimas horas de Lorca”, asegura Caballero, confiando plenamente en que la ubicación que manejan es certera. “Después de todas las condiciones de seguridad que pusieron los Lorca para la investigación de Gibson, que fueron costosísimas y creo que innecesarias, a las familias se nos quitan las ganas de estar en esto. Hasta que viene gente como ellos”, indica García. “A Galindo no solo lo fusilaron, le quitaron la condición de profesor una vez muerto para que sus descendientes no pudieran percibir su pensión”, lamenta Caballero mostrando documentos acreditativos de su afirmación.
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