Hay un proverbio italiano que dice “Pastor que halaga al lobo no ama a las ovejas”. Traigo a colación el mismo porque en estos días negros en que transitamos, en donde la ciudadanía de España y del mundo está amenazada por una pandemia que deja un incalculable reguero de muertos, además de a millones de ciudadanos que ven peligrar su sustento o de empresarios que tendrán que cerrar sus empresas.
Ante la agonía de los sistemas de gobierno por no poder atender en forma adecuada las necesidades sanitarias de una población que se ve desasistida en lo primordial: la defensa de la vida, es conveniente, por una cuestión puramente ética, afrontar con entereza también, el escándalo que supone las noticias relacionadas con la fortuna del anterior jefe del Estado el Rey emérito Juan Carlos I, que está siendo investigada por el fiscal suizo Yves Bertossa, relacionadas con una serie de fundaciones opacas que se han saltado a la piola la legislación vigente.
La Casa Real española ha emitido un comunicado en donde el Rey Felipe VI se desvincula de la herencia de su padre y además le ha retirado la asignación de casi 200.000€ anuales que recibía de los presupuestos del Estado. Pero, esto no es suficiente, no, ni mucho menos.
Veamos, vivimos en un Estado de Derecho cuyos ejes primordiales están establecidos en nuestra Constitución. En ella se dice que “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria” y, también, que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.
De acuerdo, es lo que tenemos mientras no se modifique la misma. Pero, la duda de este columnista es la siguiente: ¿Una vez que el monarca ha abdicado, o sea, que ha dejado de serlo, no debe responder ante los tribunales de los actos ilícitos -si se demuestran y los hubiera- realizados en su esfera privada, no pública? Porque, también se dice en la carta magna que somos un “Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Decía Shakespeare que “Ningún legado es tan rico como la honestidad”. Si se determinara por los tribunales que esas operaciones fraudulentas de las que habla la fiscalía son ciertas, la Casa Real debiera ir más lejos: donar dichas cantidades a las arcas del Estado para afrontar con liquidez los problemas sanitarios y económicos que atravesamos.
Eso, para empezar; luego, ya iremos viendo.