El día 6 de octubre de 1934 el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamaba el Estado Catalán, dentro de la República Federal Española. Recordamos este acontecimiento, conocido como los Fets del Sis d’Octubre, estudiando el complejo contexto histórico en el que se produjo, así como sus consecuencias.
La proclamación del Estado Catalán debe situarse en la profunda crisis que la Segunda República padecía en el inicio del otoño de 1934 con la entrada de la CEDA en el Gobierno, hasta entonces en manos de los republicanos radicales desde la victoria electoral del centro-derecha en el otoño anterior, y que desencadenó la Revolución de Octubre. La izquierda española y el nacionalismo catalán consideraban a la gran formación de la derecha como antirrepublicana y anticatalanista. Estas apreciaciones deben ser entendidas en otro marco mucho más general sobre los temores generados en amplios sectores políticos y sociales españoles y catalanes a raíz de la ocupación del poder por parte del nazismo, y por el auge de las soluciones fascistas y autoritarias en gran parte de Europa. Por fin, tendremos que estudiar el conflicto creado entre la Generalitat y el Gobierno de Madrid a raíz del contencioso provocado por la aprobación de la Ley de Contratos de Cultivo en el Parlament de Catalunya.
La aprobación de esta disposición plasmó un claro conflicto entre las pretensiones reformistas de la Esquerra Republicana y la Unió de Rabbassaires, y la cerrada defensa de la propiedad de los propietarios, defendidos por la Lliga y por el Gobierno de centro-derecha de Madrid.
La Ley de Contratos de Cultivo fue aprobada por el Parlament el 21 de marzo de 1934 por unanimidad, aunque con la ausencia de los diputados de la Lliga. La Ley pretendía corregir los abusos contractuales, especialmente en la rabassamorta y preconizaba de manera moderada, aunque reformista, el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra cultivada. La Ley reforzaba la propiedad privada de la tierra frente a cualquier intento de colectivizarla. En este sentido, estaba en línea con lo defendido por la Unió de Rabassaires y Altres Cultivadors del Camp de Catalunya, el poderoso sindicato agrario catalán de campesinos no propietarios. La Unió quería una profunda reforma agraria, pero rechazaba también las pretensiones anarcosindicalistas sobre la colectivización de la tierra. Por su parte, los grandes propietarios catalanes no estaban de acuerdo con dicha Ley. Se organizó una intensa campaña en contra organizada por el Institut Agrícola Català de Sant Isidre en relación con la Lliga. Al final, la derecha catalana pidió al gobierno Samper que recurriese la disposición al Tribunal de Garantías Constitucionales, aduciendo que algún artículo invadía competencias estatales. El 6 de junio de 1934 se anuló la Ley catalana, aunque por una mayoría simple.
La impugnación de la Ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República polarizó el clima social y político en Cataluña, ligando las reivindicaciones de los payeses a las nacionalistas de autogobierno, junto con las sociales de los trabajadores. La propia Unió se radicalizó. Los diputados de ERC se marcharon de las Cortes. Las Juventudes del Estat Català comenzaron a difundir una propaganda claramente independentista. En este sentido, fue importante la figura de Josep Dencàs, presidente de las Juventudes desde enero, y que sería consejero de Sanidad y Asistencia Social con Macià, y de Seguridad con el primer gobierno de Companys en septiembre de 1934. Jugaría un papel protagonista en los hechos de principios del mes de octubre.
El día 4 de octubre se formaba un nuevo Gobierno presidido por Lerroux, en el que entraban ministros de la CEDA, una vez que esta formación había retirado el día 1 su confianza parlamentaria al ejecutivo de Samper. Pues bien, el día 5 la UGT y el PSOE pusieron en marcha la huelga general que pretendía paralizar el país, pero que terminó siendo un fracaso en casi todas las ciudades porque la organización fue muy deficiente, con la excepción de Asturias.
En Cataluña, la Alianza Obrera declaró también la huelga general, pero no contaba con el apoyo de la poderosa CNT porque consideraba que no había diferencia entre unos políticos y otros. Aún así, Barcelona se paralizó. Dencás decidió detener a algunos anarquistas, provocando descontento.
El día 6 de octubre, la Alianza Obrera organizó una manifestación hacia la Plaza de Sant Jaume. En la manifestación había pancartas en las que se reclamaba la República Catalana. Al final, se disolvió sin disturbios. Al parecer, Companys intentó hablar sin éxito con Alcalá-Zamora para advertirles de la imposibilidad de poder mantener el orden con las escasas fuerzas que tenía la Generalitat.
A las ocho y diez de esa tarde el presidente Companys salió al balcón de la Generalitat y proclamó "l'Estat Català de la República Federal Espanyola". Companys no había sido partidario de armar a los sindicatos y buscaba el orden, temiendo la revolución social, por lo que se había decidido con su gobierno a asumir el control de la situación. Comunicó la decisión al capitán general de Cataluña, el general Batet, para que se pusiera a sus órdenes para servir a la República Federal que acababa de proclamar. El general habló telefónicamente con Lerroux, y siguiendo sus órdenes, declaró el estado de guerra, según lo establecido en la Ley de Orden Público de 1933.
La resistencia se organizó en función de cada fuerza política, con barricadas y distribución de grupos armados. En la Generalitat estaban los mossos d’Escuadra. La Alianza Obrera se hizo fuerte en la sede del Fomento del Trabajo Nacional, en la Vía Layetana, y sede de la patronal catalana. Los socialistas se encontraban en la Casa del Pueblo de la calle nueva de San Francisco. Otro núcleo fundamental era el CADCI, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria, una asociación sindical catalana muy activa desde su fundación en 1903 y con un marcado carácter nacionalista. Pero la resistencia no pudo durar mucho. En las primeras horas de la madrugada del día 7 se habían rendido casi todos los grupos. La Generalitat se rindió a las seis de la mañana. Batet había decidido no seguir las instrucciones de Lerroux de atacar, y dejó que la situación muriera por si sola en la Plaza de Sant Jaume. Batet siempre fue un moderado y su actitud no fue entendida por los más fanáticos en la derecha ni por muchos militares. No cabe duda que esa actitud serena en esos momentos evitó mucha sangre, pero sería recordada en el futuro por esos sectores. A las siete de la mañana, Companys y sus consejeros fueron detenidos, así como varios diputados y el presidente del Parlament, Joan Casanovas. También fue detenido el alcalde Carles Pi i Sunyer y varios concejales.
En total habían muerto en los enfrentamientos cuarenta y seis personas, casi todos civiles, aunque también perecieron ocho militares. Fueron encarceladas más de tres mil personas, muchas de ellas en el vapor “Uruguay”, para ponerlas bajo jurisdicción militar. Azaña también fue detenido porque estaba en la capital catalana para asistir a los funerales del que había sido ministro Jaume Carner.
A pesar de que gran parte de la derecha pidió mano dura en los juicios, especialmente con los militares que se habían sublevado, no fueron ejecutados y su pena conmutada por el presidente Alcalá-Zamora por una de reclusión perpetua Por su parte, Companys y su gobierno fueron juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales y condenados por rebelión militar a treinta años de prisión. Unos fueron enviados al Penal de Cartagena y otros al del Puerto de Santa María.
La represión ordenada por Lerroux alcanzó a todos los centros políticos y sindicales nacionalistas y de izquierdas en Cataluña, ya que se clausuraron. Se suprimieron periódicos y publicaciones, se destituyeron corporaciones municipales enteras, y fueron detenidas miles de personas. En muchos casos las acciones fueron extremadamente arbitrarias buscando más la venganza que la aplicación de la ley.
La autonomía catalana fue suspendida indefinidamente a través de una ley del mes de diciembre. La Generalitat fue sustituida por un Consejo designado por el Gobierno con un gobernador general de Cataluña, siendo el primero un militar, aunque luego sería sustituido por Portela Valladares. Después ejerció el radical Joan Pich i Po. En abril de 1935 le fueron devueltas las competencias a la Generalitat, pero no las de orden público. En ese momento se levantó el estado de guerra. Personalidades de la Lliga participaron en estos gobiernos nombrados por Madrid, lo que acentuó el descrédito de la derecha catalana en relación con el electorado moderado. Aún así, la Lliga denunció al gobierno de Madrid por intentar acabar con el autogobierno de Cataluña. Eso sí, consiguió que se suprimiera la famosa Ley de Contratos de Cultivo. La Generalitat no sería repuesta completamente, y amnistiados los condenados, hasta la victoria del Frente Popular en febrero de 1936.